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Leo en un diario de la ciudad donde vivo que la justicia condenó a diez años de prisión a un muchacho y una chica que el año pasado cometieron varios robos a mano armada en el lapso de un fin de semana. Como se ve, los jueces no tardaron mucho en investigar y dictar sentencia. Ningún delito es excusable por supuesto, aunque las leyes contemplen a veces atenuantes relativos a la conducta anterior, la salud mental, el nivel educacional o económico de la persona que comete el delito; incluso pone en consideración el efecto de una emoción extrema. Es posible, o no, que estos jóvenes pudieran haber apelado a alguno de estos atenuantes. Si los había, lo más probable es que no contaran con recursos suficientes para contratar abogados de alto nivel que los defendieran. Pero eso ya es anécdota. La justicia fue pronta y eficaz.
Lo que irrita a la gente es que esa misma justicia no ha actuado de la misma forma para castigar a ciertos dirigentes del alto rango del país que han sido acusados penalmente de delitos tan graves como tratos con el narcotráfico, crímenes, fraudes y enriquecimiento ilícito. Ahí, la justicia no ha sido pronta ni eficaz.
¿Cuál es el motivo de ese trato diferente? Ya es un lugar común decir que el acceso a la justicia efectiva depende de los recursos y de las conexiones que tengan los imputados. Sin embargo las cosas no cambian. Así que tal vez haya que considerar otros factores a la hora de analizar este enojoso asunto.
La función judicial es fundamental para la existencia de cualquier comunidad organizada. Los magistrados tienen la responsabilidad de estudiar los casos presentados en los tribunales y determinar si hubo o no delito y en caso de que así fuera dictar las sentencias correspondientes y condenar a los culpables.
Cuando alguien elige la profesión judicial entiende que el ejercicio del derecho puede exponerlo a situaciones peligrosas. En sociedades deterioradas moralmente ciertos poderes fácticos amenazan a los jueces si resuelven casos en contra de sus intereses. Hay veces en que algunos jueces renuncian a las causas que les han sido entregadas o declaran inocentes a los criminales porque han sido secretamente amenazados de muerte. No hay esperanza para la sociedad si los jueces ceden a estas presiones y dilatan o cancelan el ejercicio de la justicia.
La justicia tarda… y a veces simplemente no llega.

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